Acusaron al gobierno municipal de privilegiar la inversión pública en la cabecera municipal, dejando en el abandono a comunidades indígenas nahuas y mixtecas.
Por: Ismael Rojas Cuellar / www.muraleducativo.com
Habitantes de la comunidad de Santa María la Alta, perteneciente al municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, denunciaron presuntos actos de discriminación, exclusión y retención de recursos públicos por parte de la administración municipal encabezada por Martín Camargo, por lo que exigieron la intervención de autoridades estatales y federales.
A través de un boletín informativo, las autoridades comunitarias señalaron que los recursos destinados a localidades de alta marginación, como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), no han sido entregados a Santa María la Alta, pese a que, aseguran, la comunidad cumple con los requisitos legales para acceder a ellos.
Además, acusaron al gobierno municipal de privilegiar la inversión pública en la cabecera municipal, dejando en el abandono a comunidades indígenas nahuas y mixtecas, así como de no reconocer a las autoridades tradicionales electas por asamblea comunitaria, lo que, afirman, vulnera su derecho a la libre determinación y autonomía.
Entre sus principales demandas se encuentra la entrega inmediata e íntegra de los recursos correspondientes a los ramos 28 y 33, además de recursos propios del municipio; transparencia y rendición de cuentas sobre el ejercicio del presupuesto; el reconocimiento formal de las autoridades comunitarias y la ejecución de obras prioritarias de infraestructura, como agua potable, caminos, drenaje y equipamiento para los sectores de salud y educación.
Asimismo, informaron que impulsarán ante las instancias correspondientes el reconocimiento de Santa María la Alta como el primer municipio indígena de habla náhuatl de la entidad, con el propósito de fortalecer el reconocimiento de los derechos de la comunidad.
Los habitantes sostuvieron que su lucha se sustenta en el artículo 2 de la Constitución, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Ley de Coordinación Fiscal, ordenamientos que, señalaron, garantizan los derechos de los pueblos indígenas al acceso equitativo a los recursos públicos y a la consulta previa.
Finalmente, dieron a conocer que ya presentaron quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con el objetivo de que ambas instancias intervengan en el caso y se atiendan las demandas de la comunidad indígena de Santa María la Alta, en Tlacotepec de Benito Juárez.
