Tumba Burros Digital
Por: Luis Escobar Ramos / www.muraleducativo.com
Como ya lo hemos dicho fuerte y quedito en este humilde espacio, de repente se piensa que nuestra historia en materia pensionaria es basta y prolongada; sin embargo, no es así ya que; la primera institución de seguridad social con cobertura nacional se creó en el año de 1943, siendo esta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que sufrió modificaciones radicales, al pasar del esquema de beneficio definido a uno de capitalización individual o cuentas individuales y elevando la edad para acceder a la pensión en 1997.
El caso de Comisión Federal de Electricidad (CFE) es particularmente especial; debido a que la empresa se crea en 1937 pero su sistema de jubilaciones y pensiones nació como una prestación laboral plasmada en sus Contratos Colectivos de Trabajo con el Sindicato Único de trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), robusteciéndose como régimen de reparto definido para los trabajadores permanentes que laboraban antes de agosto del año 2008; es decir, que sus esquemas de pensiones se fortalecieron históricamente, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, por medio de la negociación colectiva. El menoscabo a las pensiones en CFE se dio a partir del 19 de agosto de 2008, cuando esa empresa implementó un plan de cuentas individuales para los nuevos trabajadores, constituyéndose en un parteaguas del sistema de reparto anterior.
Mientras tanto, el sistema de pensiones de la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX) tiene sus orígenes consolidados en el régimen de 1975, siendo un modelo de beneficio definido (pensiones vitalicias) y así funcionó durante décadas; cabe mencionar que los beneficios aplicaron no sólo para los empleados sindicalizados; sino también para los conocidos como empleados de confianza; se dio una transformación significativa el 1 de enero de 2016 al imponerse el mismo esquema de cuentas individuales para trabajadores de nuevo ingreso, a los que también les aumentaron los años de servicio y edad; no debemos dejar de mencionar que este esquema de ahorro, que no alcanza el calificativo de pensionario llegó al continente bajo la dictadura de Augusto Pinochet en Chile y permeó a varios países latinoamericanos, incluido el nuestro.
Coloco como ejemplo los planes de pensiones de estas dos importantes empresas públicas mexicanas; aunque es necesario apuntar que, también existen otros en la administración pública descentralizada como la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLYFC) extinta en el año 2009, BANOBRAS Y NAFIN, entre otras, que cuentan con planes de pensiones y que han sido modificados en el transcurso del tiempo.
Para tener una idea clara del contexto actual, en el que el gobierno en turno planteó una iniciativa de reforma al Artículo 127 constitucional en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas; misma que fue aprobada recientemente y entró en vigor el pasado sábado 11 de abril, es menester aclarar que así como fue un acierto del hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI), la creación de estas empresas y sus esquemas pensionarios correspondientes; también debemos decir que, fueron ellos mismos los que se encargaron de ir deteriorando su viabilidad a través de tomar dichas entidades como las cajas chicas en los diferentes sexenios, financiando procesos electorales federales y locales; imponiendo a miembros de la clase política, quienes veían estas empresas para desarrollar currículum, como trampolín político posterior y por supuesto, los innumerables actos de corrupción ya conocidos.
La situación que hoy día vivimos en las empresas públicas tiene sus raíces en el saqueo de que fueron objeto las mismas durante décadas por los distintos gobiernos, sin distinguir siglas; en la decisión tomada por el gobierno de Enrique Peña Nieto en el mes de julio de 2014, que aprovechando el impulso de las leyes secundarias de la Reforma Energética también planteó asumir el pasivo laboral pensionario de las empresas PEMEX y CFE, que en ese momento ascendía a aproximadamente 1.6 billones de pesos (PEMEX 1,13 billones de pesos y CFE de cerca de 507,000 millones de pesos), que en su conjunto representaba cerca del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) del país; de ahí que fue comparado con el rescate bancario del FOBAPROA y que ejerció una presión financiera para el Estado; debido a que se agregó a la ya compleja situación en que se encontraban instituciones de seguridad social como el IMSS, que derivado del saqueo de los Seguros de Enfermedades y Maternidad y la mala administración no pudieron sostener el pago de las pensiones del Apartado A, trasladando dicha obligación a la hacienda pública y en consecuencia a todos y cada uno de nosotros como ciudadanos.
Como ya es costumbre en los dos gobiernos Morenistas; hoy vuelven a plantear una iniciativa en materia pensionaria para la administración pública descentralizada (no tocan a la administración pública centralizada) y lo hacen bajo los mismos criterios y sintonía de las reformas de 2020 a la Ley del IMSS (LIMSS) y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR) y la reforma de 2024 que creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar; es decir, sólo son “malos parches”, que no resuelven de fondo el problema pensionario del país pero, si dejan muchos trabajadores damnificados; hechos que se dan porque llevan a cabo las cosas sin las debidas investigaciones, planeaciones y sólo observan los aspectos político-mediáticos y lo que se conoce como “rencor de clase”.
Dicho en otras palabras, no existe la voluntad para establecer un Plan Estratégico de Pensiones para el país, ya que, para ello se requiere todo un trabajo con las partes involucradas y no sólo ideas aisladas.
Por hoy se nos agotó el espacio, la siguiente semana continuaremos con este tema, saludos cordiales.
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