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En el marco del Día Internacional de la Mujer y en el octavo aniversario del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ, se llevó a cabo la Jornada Ella escribe en las paredes ¡Resistir!

Esta Jornada tuvo dos momentos, el primero fue la mesa El derecho a una vida libre de violencia de las poblanas: Análisis de la alerta de género, la cual estuvo moderada por la Dra. Ana Jetzi Flores Juárez del IDHIE de la IBERO Puebla, y quien señaló que en mayo de este año se cumplen dos años de haberse solicitado la Alerta de Violencia de Género y es hasta enero de 2017 cuando el gobierno respondió a las recomendaciones emitidas por el grupo de expertos conformado en mayo de 2016.

“En julio de 2017, la CONAVIM respondió que el estado de Puebla ha realizado acciones importantes, por lo que no procede la activación de la Alerta de Violencia de Género. Esto es contradictorio, ya que los feminicidios en el estado han incrementado considerablemente, pues en 2010 se registraron 30; en 2015 el número fue de 81 mujeres; para 2016 fueron 85 personas; y en 2017 la cifra se disparó a 106 casos”, puntualizó la especialista de la IBERO Puebla.

Con este contexto, Violeta Fabiola Sánchez Luna, de Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, precisó que la Alerta de Violencia de Género se instrumenta a partir de los artículos 22, 23, 24 y 25 de la Ley General de la Mujer a una vida libre de violencia. Igualmente señaló que es un instrumento único a nivel mundial.

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“La Alerta de Violencia de Género está mal instrumentada y eso lo podemos ver al momento de que una víctima se acerca a declarar, punto de partida que evidencia todo lo que el Estado Mexicano no cumple” refirió Violeta Sánchez.

Asimismo, recalcó en las respuestas negativas que han emitido las instituciones de gobierno sobre la Alerta de Violencia de Género para Puebla, pues no ha procedido dado que los representantes gubernamentales tratan de enmascarar las “acciones” que realiza el gobierno en relación a este instrumento.

La especialista en el tema, insistió que politizar instrumentos y acciones perjudica no sólo a un grupo de personas sino a una sociedad en general pues pone en entredicho el rol de las propias instituciones que imparten la justicia.

Redacción / www.lcampus.mx

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