Los pueblos indígenas han emprendido una lucha histórica para enfrentar los retos que se les presentan en su desarrollo, existencia y evolución
Por: Redacción / www.muraleducativo.com
Promover el desarrollo y reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, desde un punto de vista intercultural, es una tarea no sólo del Estado, sino de la sociedad en su conjunto, incluyendo a la Universidad como agente transformador, consideró Antonio Fuentes Díaz, investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSyH) “Alfonso Vélez Pliego”, de la BUAP.
En el marco del día Internacional de los Pueblos Indígenas, el doctor en Sociología, destacó que, en México, 25 millones de personas se reconocen como indígenas, ubicándose en 70 pueblos originarios, donde se hablan 68 lenguas, de las que se derivan 364 variantes lingüísticas.
La exclusión, punto de inflexión histórica
Para el doctor Antonio Fuentes, las sociedades que son producto de un mestizaje antiguo suelen tener un punto de inflexión, en términos de que los Estados nacionales se constituyeron a partir de quienes colonizaron, dejando en una posición subalterna a las poblaciones originarias.
En el caso latinoamericano, lo anterior se representa bien con los pueblos indígenas y la población afrodescendiente, quienes quedaron subsumidos como ciudadanos de segunda clase, y desde ahí, afirma, inicia el problema de cómo se constituye su posición subordinada en términos de ciudadanía y el uso restringido de sus derechos en el espacio nacional.
Durante el siglo XX se generaron en Latinoamérica proyectos y programas del Estado para los sectores indígenas, a través de la “política de integración nacional”, cuya idea central era establecer una “cultura nacional homogénea”, recordó el académico.
Como ejemplo, mencionó la intención de romper rasgos que se consideraban inherentes a las formas culturales de estas comunidades, como el idioma, en términos de su uso en el espacio público, de ahí que las políticas de educación borraran la enseñanza en lenguas originarias.
La violencia criminal, un nuevo embate
A partir de estos cambios, los pueblos originarios transitan a nuevas estructuras de seguridad, en especial en México, donde la violencia organizada cobra presencia en los asentamientos de pueblos indígenas, donde sus recursos naturales son codiciados no sólo por grupos criminales, sino también por empresas mineras y otros proyectos.
En Michoacán –un caso que estudia el doctor Fuentes Díaz–, las comunidades indígenas habitan bosques de propiedad comunal. Ahí, refiere el académico, no sólo tienen derecho al usufructo de los bosques, sino que los aprecian como un entorno de vida. Sin embargo, en la meseta purépecha, a inicios de 2011, grupos del narcotráfico transitaron a la explotación ilegal de madera de estos bosques.
“Arrasaron con bosques de esta comunidad purépecha, bajo una capacidad de fuerza. Ante estos escenarios, en los que las comunidades se ven asediadas por nuevas formas de depredación con fines económicos, muchas veces recurren a estas figuras que les permiten crear sistemas de seguridad o autodefensa”.
Estas nuevas tendencias de autoprotección tienen una estructura legal bajo la figura de la “policía comunitaria”, lo que les permite, conforme a sus derechos, organizarse en cuerpos de seguridad. No obstante, el especialista reconoció que en el caso de comunidades rurales que no son indígenas, también se dan estos problemas y aunque recurren a esta organización de “autodefensa”, lo hacen bajo un esquema de ilegalidad.
Finalmente, ante la diversificación de actividades delictivas de organizaciones criminales en nuestro país y su presencia en comunidades indígenas, estos grupos se han visto en la necesidad de renegociar su seguridad al margen del Estado, ante la incapacidad institucional para preservar su vida y sus derechos.
