El funcionario también informó que entre 2025 y 2026 se han impuesto sanciones a 41 personas por faltas administrativas no graves, como resultado de procedimientos que ya fueron concluidos.
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Los expedientes abarcan asuntos correspondientes a distintos periodos de la administración pública y deberán agotarse las investigaciones antes de determinar si existió alguna responsabilidad.

Por: Ismael Rojas Cuellar / www.muraleducativo.com

El Gobierno de Puebla mantiene bajo investigación 492 expedientes por posibles faltas administrativas, algunos de los cuales corresponden a casos iniciados desde 2024 y que todavía no han concluido.

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El titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio Reyes, explicó que los procedimientos se originaron a partir de denuncias ciudadanas, quejas, auditorías y otras revisiones realizadas por los órganos internos de control.

Los expedientes abarcan asuntos correspondientes a distintos periodos de la administración pública y deberán agotarse las investigaciones antes de determinar si existió alguna responsabilidad.

Espidio Reyes aclaró que tener un expediente abierto no significa que una persona ya sea culpable, pues cada caso debe pasar por su respectivo procedimiento y contar con los elementos necesarios para determinar si hubo una falta administrativa.

Cuando los órganos de control detectan una falta considerada no grave, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno puede imponer directamente la sanción correspondiente.

En cambio, cuando existen elementos que apuntan a una falta administrativa grave, el expediente debe ser turnado al Tribunal de Justicia Administrativa, que será el encargado de resolver sobre la responsabilidad de los involucrados.

El funcionario también informó que entre 2025 y 2026 se han impuesto sanciones a 41 personas por faltas administrativas no graves, como resultado de procedimientos que ya fueron concluidos.

La cifra de expedientes pendientes refleja el volumen de investigaciones que todavía tiene por delante el Gobierno estatal para esclarecer posibles irregularidades dentro de la administración pública.

Son 492 expedientes que todavía no tienen punto final. No todos terminarán en sanciones, pero tampoco pueden quedarse en el cajón. La Secretaría de Anticorrupción tiene ahora la tarea de llevar cada investigación hasta sus últimas consecuencias y, si hubo funcionarios que metieron la mano donde no debían, que respondan por ello.

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