
Entre las anomalías detectadas se encuentra la falta de exhibición de precios a la vista del consumidor, la omisión en la entrega de comprobantes de las transacciones comerciales.
Por: Ismael Rojas Cuellar / www.muraleducativo.com
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó sellos de suspensión al Colegio Internacional de Puebla, S.C., tras detectar diversas irregularidades durante una visita de verificación derivada de una denuncia ciudadana. La medida implica la suspensión de la comercialización de bienes, productos y servicios hasta que el plantel subsane las observaciones realizadas por la autoridad.
De acuerdo con la dependencia federal, la institución educativa, ubicada en la calle General Francisco Lamadrid número 6, en la colonia Lomas de Loreto, incumplió disposiciones básicas establecidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor, lo que motivó la imposición de la medida precautoria.
Entre las anomalías detectadas se encuentra la falta de exhibición de precios a la vista del consumidor, la omisión en la entrega de comprobantes de las transacciones comerciales y la ausencia de información comercial clara para madres y padres de familia. Estas prácticas, además de vulnerar la normatividad, generan opacidad en los cobros y condiciones del servicio educativo.
La suspensión resulta particularmente delicada al tratarse de un plantel privado que ofrece servicios educativos, donde la transparencia en colegiaturas, inscripciones y cuotas adicionales es un elemento fundamental para la toma de decisiones de las familias. La falta de información visible y comprobable abre la puerta a posibles cobros discrecionales.
Profeco subrayó que la medida permanecerá vigente en tanto el proveedor no acredite el cumplimiento de la ley. Asimismo, reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de las personas consumidoras y exhortó a todos los prestadores de servicios a garantizar información clara, veraz, oportuna y suficiente.
Este caso vuelve a poner bajo la lupa a instituciones educativas privadas que operan sin cumplir plenamente con obligaciones elementales en materia de información comercial, una situación que, de no corregirse, impacta directamente en la economía familiar y en la confianza hacia el sector educativo particular en Puebla.











