La titular Rosa Isela Sánchez Soya se fue sin responder las preguntas de los representantes de los medios de comunicación
Por: Ismael Rojas Cuellar / www.muraleducativo.com
Durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya, fue severamente cuestionada por diputadas de oposición debido a la baja productividad del organismo y su decisión de no promover una controversia constitucional contra la Ley de Ciberasedio.
La comparecencia, que se prolongó por casi dos horas, giró en torno al informe de actividades presentado por la titular de la CDH, en el que se reporta que, de más de nueve mil quejas recibidas, únicamente se emitieron 18 recomendaciones, lo que representa una productividad cercana al 1%.
Las diputadas Delfina Pozos Vergara, del PRI, y Luana Amador Vallejo, del PAN, criticaron que el informe presentado fue el mismo que se entregó en diciembre pasado, hecho que la propia presidenta del organismo reconoció durante su exposición.
Pozos Vergara señaló que la efectividad de una comisión de derechos humanos no se mide por el volumen de expedientes ni por datos administrativos, sino por la emisión de recomendaciones y resoluciones que realmente protejan a los ciudadanos. Afirmó que existe una percepción social de que la CDH ha dejado de fungir como un órgano defensor y se ha convertido en una “oficina administradora de expedientes”.
“La Comisión debe ser incómoda para el poder, no cómoda”, expresó la legisladora priista, al recordar que la presidenta de la CDH se comprometió a hacer cumplir la Constitución y a actuar frente a violaciones graves a los derechos humanos.
En el mismo sentido, la diputada panista Luana Amador advirtió que la productividad no puede medirse con trámites administrativos, sino con resoluciones de impacto real que reparen el daño y modifiquen conductas institucionales. Subrayó que, de acuerdo con las cifras presentadas por la propia Comisión, solo el 0.7% de las quejas fueron resueltas de manera efectiva, lo que calificó como una muestra de “ineficacia institucional alarmante”.
Amador cuestionó cómo se justifica que más del 99% de las denuncias no hayan derivado en resoluciones de fondo, mientras que se presume una eficacia del 79%, cifra que —dijo— se obtiene al contabilizar como “concluidos” expedientes cerrados por incompetencia, improcedencia, falta de interés, no ratificación o simple archivo, sin un pronunciamiento sustantivo.
En el tema de la Ley de Ciberasedio, ambas legisladoras reprocharon que la CDH no haya promovido una acción de inconstitucionalidad, pese a que ya se han concedido al menos cinco amparos y un juez federal declaró inconstitucional el artículo 480 del Código Penal por vulnerar la libertad de expresión.
Sánchez Soya respondió que la Comisión consideró innecesario interponer la controversia constitucional, argumento que repitió ante ambas legisladoras, aunque reconoció que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sí procedió en ese sentido. Añadió que desistieron de promoverla tras ser invitados a un foro de consulta y ante las correcciones realizadas a la norma.
En su informe, la presidenta de la CDH destacó que durante el periodo evaluado se solicitaron 564 medidas cautelares, se concretaron 28 conciliaciones y se emitieron 18 recomendaciones, las cuales —aseguró— se basaron en investigaciones objetivas y exhaustivas.
Asimismo, informó que el organismo se auxilió de protocolos internacionales, como el Protocolo de Estambul, para garantizar la atención integral a las víctimas, además de realizar 139 visitas a 17 centros penitenciarios del estado para detectar problemáticas recurrentes y promover acciones correctivas.
