Tumba Burros Digital
Por: Luis Escobar Ramos / www.muraleducativo.com
Ya han transcurrido 28 años desde aquella reforma a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (LIMSS), que cambió sustancialmente el panorama a futuro de los trabajadores mexicanos pertenecientes a la iniciativa privada; ya que el esquema de ahorro individual que se implementó nada tiene que ver con el anterior que era de beneficio definido y un modelo tripartito (Estado-empleador y empleado), que estaba sustentado en la revalorización del trabajo; la responsabilidad del Estado; la obligación patronal y una alianza entre jóvenes y viejos.
Así mismo; en el año 2007 fue aprobada la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (LISSSTE); que de igual forma desmontó el auténtico esquema de seguridad social, para también; imponer la capitalización individual; con lo cual el gobierno Panista del Presidente Felipe Calderón afirmó en aquel entonces que; con esa medida el instituto sanearía sus finanzas, debido a que aseguraban que el problema era el esquema pensionario, cuando todas y todos sabíamos la verdadera realidad; que no era otra que el saqueo a que había sido sometida esa institución por todos los gobiernos Priistas y Panistas.
La realidad de las cuentas individuales salió a la luz pronto, con pronósticos de tasas de reemplazo (montos de pensión), raquíticos y que con el antecedente del octubre negro chileno del año 2019, encendió los focos rojos en nuestro país; sin embargo, aún cuando se decía en aquel entonces que se realizaría una reforma integral y de gran calado en materia pensionaria.
A final de cuentas lo que sucedió fue que el gobierno del Presidente López Obrador llevó a cabo sólo un tibio ajuste a la Ley del IMSS; es decir, se parchó la ley pero, sus fundamentos se mantuvieron intactos; de tal forma que, aunque se mejoraron algunos aspectos como: la disminución de comisiones; transitoriamente de semanas de cotización y la mejora de la Pensión Mínima Garantizada (PMG); de igual forma, hubo retrocesos como: la desaparición de la aportación del Estado; la aplicación de la cuota social sólo para los trabajadores que perciban menos de 4 Unidades de Medida y Actualización (UMA´s); con lo que en la práctica se crearon trabajadores de primera y de segunda categoría; lo que por supuesto, no fue correcto.
Así también; en el año 2016 se creó la UMA, desindexándose el salario mínimo general, para liberar los aumentos de este último y con ello acabar con el mito de que los aumentos salariales generaban inflación; dejándose claro que la UMA no debía ser utilizada en materia de seguridad social; no obstante, la realidad ha sido otra y con ello se ha materializado una gran afectación a los trabajadores, que por la vía política y jurídica han intentado echar atrás dicha decisión, sin resultados favorables hasta el momento.
El pasado año 2024, nuevamente el gobierno del Presidente López Obrador metió mano al tema pensionario tomando los recursos de cuentas individuales de trabajadores de 70 años o más, en el caso del Apartado A (LIMSS) y de 75 o más, tratándose del Apartado B (LISSSTE), que se encontraban inactivas por alrededor de diez años, para crear el Fondo de Pensiones del Bienestar (FOPEBI) y con ello, complementar las pensiones de trabajadores cuya percepción mensual fuera de hasta $16,778.00; es evidente que, se pretendió dar el mismo trato a los trabajadores de ambos apartados; lo que desde mi particular óptica, no es correcto; debido a que, se han recorrido caminos diferentes con reformas sólo al Apartado A de 2007 a la fecha.
En las últimas semanas causó revuelo la iniciativa propuesta por el actual titular del ISSSTE, Martí Batres, que al igual que en los años noventa dice buscar el fortalecimiento financiero del ISSTE y devolver al FOVISSSTE las atribuciones de adquisición, construcción, rehabilitación y renta de viviendas; esto último en apoyo y complemento de la reforma realizada al Infonavit recientemente.
Dicha iniciativa generó de inmediato la inconformidad y protestas de trabajadores al servicio del Estado; particularmente los maestros; quienes manifiestan la opacidad de la propuesta y que en el fondo, lo que se pretende es un aumento en las aportaciones de los trabajadores cuando los salarios rebasen los $30,000.00; es decir, de nueva cuenta se plantea que sean los trabajadores quienes asuman la responsabilidad de viabilizar al Instituto.
Unos días antes de terminar el mes de febrero, la Presidenta Sheinbaum anunció que la iniciativa estaba en “pausa” y la semana pasada informó que ésta se retiraba; debido a que su gobierno no pretende retrocesos en los derechos de la clase trabajadora.
Estos últimos acontecimientos nos deben llevar a los involucrados en temas de seguridad social, necesariamente a los siguientes cuestionamientos: ¿Lo realizado en materia pensionaria en el pasado sexenio y lo que va de este es suficiente? Y dos: ¿Cuál es el rumbo y la temática que debe darse a la agenda de seguridad social de ahora en adelante?
Considero que la respuesta a los anteriores cuestionamientos debe darse, sobre todo, por las organizaciones sindicales; debido a que los trabajadores son quienes han sufrido los efectos de los ajustes paramétricos realizados en las 3 últimas décadas.
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