El acuerdo fue aprobado por el Consejo de la Judicatura como parte de una política permanente de movilidad del personal jurisdiccional.
Por: Ismael Rojas Cuellar / www.muraleducativo.com
El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado aprobó 28 cambios de adscripción de juezas y jueces en las materias Civil y Penal, además de ajustes en las Administraciones de Juzgados, como parte de una nueva reestructura interna con la que busca fortalecer la impartición de justicia y mejorar la operación de los órganos jurisdiccionales en la entidad.
La reorganización abarcará los distritos judiciales de Cholula, Chalchicomula de Sesma, Tehuacán, Puebla, Atlixco, Tlatlauquitepec, Tetela de Ocampo, Tepexi de Rodríguez, Tecamachalco, Alatriste, Ajalpan y Tepeaca, donde los impartidores de justicia asumirán nuevas adscripciones para atender la carga de trabajo y las necesidades operativas de cada región.
El acuerdo fue aprobado por el Consejo de la Judicatura como parte de una política permanente de movilidad del personal jurisdiccional, cuyo objetivo es reforzar la transparencia, la imparcialidad y el correcto funcionamiento de los juzgados. Con ello, también se busca evitar que la permanencia prolongada de juezas y jueces en un mismo órgano jurisdiccional propicie prácticas que puedan comprometer el ejercicio de sus funciones.
Además de la rotación de los impartidores de justicia, el máximo órgano administrativo del Poder Judicial autorizó cambios en las Administraciones de Juzgados, con el propósito de fortalecer la organización interna, optimizar los procesos administrativos y hacer más eficiente la atención a las personas que diariamente acuden a los tribunales.
El Consejo de la Judicatura señaló que este tipo de movimientos forman parte de una estrategia de mejora continua que permite evaluar el desempeño de los órganos jurisdiccionales y responder a las necesidades que presentan las distintas regiones del estado, sin afectar la continuidad de los procesos judiciales.
Asimismo, destacó que la movilidad del personal fortalece principios esenciales de la función jurisdiccional, como la legalidad, la objetividad, la independencia y la imparcialidad, al reducir riesgos derivados de una permanencia prolongada en un mismo juzgado y garantizar que las resoluciones se emitan con estricto apego a derecho.
Esta nueva reestructura se suma a los más de 120 cambios de adscripción aprobados por el Consejo de la Judicatura en febrero pasado, con los que el Poder Judicial inició un proceso de reorganización para reforzar el funcionamiento de los juzgados en todo el estado.
Con esta nueva etapa de movimientos, el Poder Judicial mantiene su estrategia de redistribución del personal jurisdiccional y administrativo, buscando fortalecer la capacidad operativa de los tribunales y ofrecer un servicio de justicia más eficiente, transparente y cercano a la ciudadanía.
