Indicaron que desde iniciativas de ley hasta la tradición milenaria que reconoce la vitalidad del agua
Por: Paola Marín / www.muraleducativo.com
Lo que suena como una práctica inofensiva puede ser la causa de la sobreexplotación de recursos naturales, el empobrecimiento de la población y el surgimiento de enfermedades cada vez más agresivas. La privatización del agua es una de las iniciativas más alentadas desde el gobierno, pero más cuestionadas por la sociedad que padece sus estragos.
En el panel Privatización del servicio de agua potable y saneamiento: impactos y resistencias, activistas y especialistas, moderados por la Dra. Valentina Campos Cabral, directora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga, SJ de la IBERO Puebla confirmaron que, desde diversos espacios de incidencia están comprometidos con la defensa y cuidado del líquido vital.
El diálogo arrancó con la conferencia magistral del Dr. Pedro Moctezuma Barragán, coordinador general del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la UAM, quien expuso el complejo panorama social y político en el que se sitúa México para la gestión de recursos hídricos desde dos paradigmas.
El paradigma de gestión de ciclos es uno de ellos, y se basa en el respeto al ciclo natural del agua desde su aprovechamiento y uso responsable tanto de forma individual como comunitaria. El segundo es su contraparte: un paradigma extractivo, que, según el experto, “es ciego y sin sujeto”.
En él, el agua es una mercancía cuyos principales usos son la sobrextracción y el vertido de desechos. Además, favorecido por el crecimiento urbano exponencial que deja a su paso destrucción natural y contaminación, el acceso a este líquido vital se vuelve un privilegio que obtienen unos cuantos, avalado por la corrupción y la impunidad.
Pero en la escena desesperanzadora el Dr. Moctezuma ve soluciones en diversas formas de lucha, autodeterminación y participación ciudadana, como lo es la iniciativa de una nueva Ley General de Aguas. Propone 12 consensos generales para garantizar agua de calidad para todos y soberanía alimentaria, frenar la contaminación de cuerpos de agua y su minado, poner fin a las vulnerabilidades que provocan las inundaciones y sequías, y no permitir corrupción e impunidad.
