Con pancartas y consignas, familiares, amigos y colectivos exigieron que la investigación avance con total transparencia y sin privilegios para ninguna de las personas involucradas.
Por: Ismael Rojas Cuellar / www.muraleducativo.com
El feminicidio de Valeria Jiménez sumó un nuevo capítulo de controversia, luego de que su familia denunciara presuntas irregularidades en la integración de la carpeta de investigación y señalara posibles actos que, aseguran, pudieron comprometer las primeras diligencias realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE).
Durante una manifestación frente a las instalaciones de la dependencia, los familiares afirmaron que el caso presentó inconsistencias desde el primer momento. Entre los principales señalamientos expusieron que, mientras a ellos se les impidió ingresar al lugar donde fue localizada Valeria, un familiar de su expareja —quien presuntamente labora como agente del Ministerio Público— sí tuvo acceso al inmueble, situación que consideran debe ser esclarecida por las autoridades.
También cuestionaron que, en un principio, la muerte de la joven fuera manejada como un posible suicidio, versión que posteriormente cambió cuando la propia Fiscalía reclasificó la investigación bajo el protocolo de feminicidio, lo que, a decir de la familia, evidencia que las primeras actuaciones deben revisarse a fondo.
Con pancartas y consignas, familiares, amigos y colectivos exigieron que la investigación avance con total transparencia y sin privilegios para ninguna de las personas involucradas, además de pedir que se revisen las actuaciones de los servidores públicos que participaron en las primeras horas del caso.
La exigencia de la familia ya no se centra únicamente en castigar al responsable del feminicidio de Valeria; ahora también busca que la Fiscalía explique si la investigación se condujo conforme a derecho o si hubo omisiones que pudieron afectar el acceso a la justicia.
