Figueroa destacó que cientos de personas, principalmente en colonias del sur de la capital poblana como San Francisco Totimehuacan, Santo Tomás Chautla, Santa Lucía, Constitución Mexicana, Minerales, Playas del Sur y Balcones del Sur, han sido afectadas por estos esquemas.
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Desde la sede del Congreso del Estado se analizarán las sanciones a quien abuse con cobros abusivos

Por: Ismael Rojas Cuellar / www.muraleducativo.com

El diputado local del Partido del Trabajo (PT) en Puebla, José Luis Figueroa Cortés, anunció que presentará una iniciativa de reforma al artículo 406 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla para endurecer las sanciones contra los conocidos como “montadeudas”, prestamistas que operan con prácticas abusivas y extorsivas.

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En rueda de prensa, el legislador detalló que estos operadores llegan a pequeños comercios como fonditas, tiendas de abarrotes, verdulerías y estéticas, ofreciendo préstamos rápidos de entre 3,000 y 4,000 pesos. Sin embargo, las deudas se vuelven impagables debido a intereses excesivos y cobros diarios, llegando a triplicar o cuadruplicar el monto original, hasta 15,000 o 20,000 pesos, acompañados de amenazas, hostigamiento, extorsión y, en algunos casos, uso indebido de datos personales de las víctimas y sus familias.

Figueroa destacó que cientos de personas, principalmente en colonias del sur de la capital poblana como San Francisco Totimehuacan, Santo Tomás Chautla, Santa Lucía, Constitución Mexicana, Minerales, Playas del Sur y Balcones del Sur, han sido afectadas por estos esquemas.

Muchos prestamistas se desplazan en motocicleta, algunos armados, y aprovechan la falta de acceso al crédito formal en zonas vulnerables, así como el miedo de las víctimas a denunciar por temor a represalias.

Ante la baja incidencia de denuncias formales por este temor generalizado, el diputado busca que el Congreso del Estado tipifique estas conductas como fraude por usura excesiva, fortaleciendo el marco legal para proteger el patrimonio, la integridad psicológica, la privacidad y la dignidad de las personas.

La propuesta contempla penas más severas que van de multas de 500 a 1,000 días de salario mínimo, hasta prisión de 7 a 10 años para quienes otorguen créditos bajo engaño.

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