
Acuso malas prácticas y corrupción en el desarrollo del proceso judicial que sigue para recuperar a su hija
Por: A. Uriel / www.muraleducativo.com
Entrevistado tras las rejas de los juzgados de lo familiar en Ciudad Judicial, David Harrison denunció una serie de irregularidades en el proceso mediante el cual le retiraron la custodia de su hija, luego de siete años de haber sido su tutor legal.
Acompañado de familiares y amigos, aseguró que la determinación del juez de lo familiar, se realizó violando los procedimientos establecidos, por lo que exigió a las autoridades la revisión inmediata de su caso y la restitución de la menor a su hogar y a su escuela.
En este sentido, pidió al gobernador del estado, Alejandro Armenta su intervención, para que la corrupción y malos manejos de su caso no continúen y afecten la integridad de su hija.
Dijo que caso está en manos de la jueza de lo Segundo Familiar, María Dolores López Rubí Guerrero, quien ordenó entregar de manera provisional la guardia y custodia a la madre de la niña.
Ye es que, de acuerdo con Harrison, la menor lloró y suplicó permanecer con su padre, pero la jueza le aseguró que solo estaría con su madre 48 horas y después volvería a su cuidado, lo cual —afirma— no se cumplió.
Destacó que la psicóloga que estuvo presente en la diligencia documentó el estado emocional de la menor, quien entró en crisis al negarse a dejar su núcleo familiar.
El padre de familia, señaló que ya han transcurrido tres semanas desde la decisión judicial y en ese tiempo la madre no ha llevado a la niña a la escuela ni la ha dado de baja oficialmente.
El padre explicó que se han presentado las denuncias correspondientes y que la jueza tiene un plazo de 48 horas para resolver la restitución, el cual vence este mismo día.
Recordó que en 2018 denunció un posible abuso sexual contra su hija, presuntamente cometido por un amigo de la madre. Dicho señalamiento quedó asentado en un dictamen pericial, y por el riesgo acreditado, en aquel momento se le otorgó la custodia. Sin embargo, ahora se le acusa de “sustracción de menores” bajo el argumento de que no devolvió a su hija en 48 horas, pese a que ya contaba con una resolución judicial a su favor.





